Investigación de Casos por Abuso de Poder de Funcionarios Públicos

Descripción del Programa

La Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA), cuenta con el Programa de Investigación de Casos de Mal Uso y Abuso de Autoridad de los funcionarios públicos y municipales, con capacidad de realizar arrestos en contra de los ciudadanos. A través de este programa, se atienden las apelaciones interpuestas por los funcionarios públicos cubiertos por esta Ley, y las interpuestas por ciudadanos, cuando no estén de acuerdo con la determinación de la autoridad facultada para sancionar.

Datos Estadísticos	2012	2013	2014
Casos radicados por ciudadanos	0	29	15
Casos adjudicados de ciudadanos	0	15	15
Casos pendientes de ciudadanos	0	15	30
Casos radicados por funcionarios	150	140	200
Casos adjudicados de funcionarios	300	223	275
Casos pendientes de funcionarios	500	290	350

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2013-2014.

Clientela

La clientela de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación es toda la ciudadanía y los funcionarios públicos de la Rama Ejecutiva y Municipios con poder de efectuar arrestos

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2013-1014

El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2013-2014 asciende a $523,000. Los recursos provienen en su totalidad de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y refleja un aumento de $16,000 en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2012-2013.

En el renglón de nómina se considera una reducción por el estimado de jubilación de empleados. En las partidas de gastos de funcionamiento, se aumentaron algunas partidas, para cubrir deficiencias en el presupuesto vigente que afecten el cumplimiento de la Agencia de su misión básica, según solicitado por la Agencia y validado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Además, se consideran las partidas de pago de agua, energía eléctrica y otros.

Los fondos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General se dirigen a atender casos de mal uso o abuso de autoridad por parte de funcionarios públicos, velar por la protección de los derechos civiles de los puertorriqueños y cumplir con las funciones y obligaciones de la agencia.